7 de octubre de 2008

Ingobernabilidad en México: Calderón en Apuros

El siguiente es un fragmento de un artículo que escribí en co-autoría con Enrique Paredes, y que esperamos sea publicado el próximo mes en una revista académica de prestigio. Este fragmento se encuentra todavía sujeto a revisiones metodológicas, gramaticales y sintácticas, sin embargo lo considero satisfactorio para términos prácticos. El artículo versa sobre los puntos de quiebre entre el ejecutivo federal y el gremio empresarial con casos de secuestros como el de Eugenio Garza Sada en Monterrey, de Fernando Aranguren en Jalisco, y el caso reciente de Fernando Martí en la Ciudad de México. 


En el caso de Fernando Martí en el verano de 2008, existieron una serie de fenómenos sociales muy interesantes. En primer lugar, el gremio empresarial ejerció su poder de presión hacia el gobierno federal, obligándolo a reaccionar frente a la ola de secuestros y asesinatos que se habían incrementado en el país. En segundo lugar, los medios de comunicación se encargaron de difundir el mensaje de unos pocos, de los empresarios, de la élite afectada. En tercer lugar, la sociedad civil secundó la iniciativa de los hombres de negocios afectados, realizando marchas en diferentes ciudades del país. Es así como la suma del reclamo empresarial, más la manipulación de los medios de comunicación en conjunción con la creciente preocupación ciudadana en torno al tema de seguridad pública fue una fórmula fatal para el presidente y su gobernabilidad.

Para comenzar, es importante destacar la preocupación por parte del gremio empresarial por encontrar a los culpables del delito. El padre de Fernando Martí, Alejandro Martí, dueño de la cadena de tiendas deportivas “Deportes Martí”, es un poderoso empresario mexicano. Su poder de presión hacia el gobierno federal, en concreto hacia Felipe Calderón Hinojosa, se hizo notar el día jueves de 7 de agosto. En aquél día, el presidente anunció su nueva estrategia de combate a los secuestros. En conferencia de prensa expuso que los secuestradores que privaran de libertad a menores de edad, o a  personas discapacitadas, y/o  que además mutilaran, o asesinaran a sus víctimas, serían objeto de cadena perpetua, así como todos aquellos secuestradores que fueran hubieran pertenecido a alguna corporación policiaca. La propuesta fue tachada de incompetente y de carecer de visión, pues en ella se hace la distinción entre lo que algunos medios denominaron “mexicanos secuestrables” y “mexicanos no-secuestrables” o “mexicanos de excepción”. También es curioso que la semana posterior a la divulgación de la culminación del secuestro de Martí, se hayan capturado a los presuntos culpables de dicho delito. El grupo fue el llamado “Grupo de la Flor”, y entre sus filas se encontraba una supuesta agente federal en activo.

Unos días antes, el 4 de agosto en una conferencia de prensa, el procurador general de justicia del Distrito Federal Miguel Angel Mancera Espinosa, hizo pública la sospecha que muchos mexicanos temían: la relación entre la policía y el crimen organizado. La declaración tuvo dos consecuencias, una directa y otra indirecta. La directa fue la reestructuración de la Policía Judicial (PGJDF), y la indirecta, que tuvo un impacto mucho más profundo, fue la de contribuir a la legitimación de la marcha del 30 de agosto en las ciudades más grandes del país.

Ahora bien, la marcha tiene una serie de implicaciones particularmente relevantes y paradigmáticas para nuestra sociedad. La primera y la más evidente de ellas, es que la marcha representa un reclamo generalizado por parte de la sociedad para hacer ver que el sistema político actual en México en términos de seguridad no está funcionando. La segunda y con creces la más relevante es el mal camino que comienza a tomar la sociedad civil en nuestra incipiente democracia. La relación que existe entre María Elena Morera y el Secretario de Seguridad Pública es sumamente preocupante. Por un lado, María Elena Morera, representante de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) ha sufrido un fuerte proceso de cooptación por parte del gobierno. Por el otro, el titular de la SSP, ha sabido mover las cartas en su favor para infiltrarse en los movimientos sociales de reclamo y oposición al gobierno.

En un discurso pronunciado por Morera el día 14 de junio de 2006 (disponible en línea en la página: www.mudc.org.mx), declara su fuerte relación con el secretario de seguridad pública mencionando que fue él quien, desde 2004, ha sido su mentor para la realización de las marchas en contra de la delincuencia. Esto es particularmente significativo si se considera el hecho de que las marchas han sido “moderadas”, en el sentido de que simplemente han sido manifestaciones de reclamo sin nombres y sin la búsqueda de culpables. Da la impresión de que Morera, junto con García Luna, así lo planeó. Además, en mayo de 2006, la presentación del libro titulado “’¿Por qué 1661 corporaciones de policía no bastan?”, en el Hotel Sheraton Alameda del centro histórico de la Ciudad de México, fue encabezada por Genaro García Luna y dos de sus más cercanos colaboradores. Uno de ellos fue Jorge Tello Peón, quien fue subsecretario de seguridad pública durante los primeros años de la administración de Vicente Fox. Tello renunció en febrero de 2001 tras la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de alta seguridad Puente Grande en Jalisco, solamente dos horas después de la visita del subsecretario a la prisión. Otro de los presentes en la mesa de honor de Morera fue el no menos controversial Wilfrido Robledo, uno de los principales responsables del incidente de San Mateo Atenco.

La cooptación de Morera se vuelve aún más notoria cuando, en septiembre de 2008, se publicaron dos hechos comprometedores. El primero es el de la contratación del hijo de Morera en la SSP, cuando ni siquiera ha terminado su preparación universitaria. El segundo de los elementos es la creciente ayuda financiera que recibe MUCD por parte de la SSP, y que el promedio mensual de las aportaciones supera los 100 mil pesos (dicha información puede ser confirmada en la página: www.ssp.gob.mx en el apartado denominado “Donativos a Organismos de la Sociedad Civil”). Todo ello indica el creciente interés por parte del gobierno en general, y de Genaro García Luna en particular, por infiltrarse en la Sociedad Civil. Esto resulta particularmente negativo en procesos de transición política, pues la Sociedad Civil debe mantenerse como una esfera ajena y totalmente independiente al gobierno, ya que representa un contrapeso importante para la toma de decisiones.

La realización de la marcha no le cayó bien a Calderón, pues ha contribuido a evidenciar su debilidad ante sus propios secretarios de gobierno y a exponer los graves problemas de gobernabilidad en nuestro país. La ingobernabilidad en el país se respira por todos lados: gobernadores más poderosos e impunes como Ulises Ruíz, Mario Marín, Emilio González Márquez, y Natividad González Parás, la creciente ola de violencia relacionada al narcotráfico, el aumento en la inseguridad, la colusión entre los jefes de las policías municipales con el narco, sus secretarios de seguridad, que como en el caso del  jefe de la SSP, hacen lo que les place, la oposición cada vez más radical, y la sociedad civil con cada vez más quejas ante el gobierno. Los efectos del caso Martí han ido mucho más allá de la simple violencia, incluso parece como si alguien lo siguiera alentando e incitando a su crecimiento. Entre el 27 y el 28 de agosto se publicaron una serie de notas haciendo alusión al posible derrocamiento de Felipe Calderón, algunos ejemplos son: Milenio, Ciro Gómez Leyva publicó el artículo “¿Llegó la hora de tirar a Calderón?”, Milenio, Joaquín López Dóriga con su artículo “¿De verdad lo quieren tirar?”, Milenio Ciro Gómez Leyva de nuevo publicando “Un otoño para tirar a Calderón”, La Jornada Julio Hernández expone una tesis similar en “Astillero”, finalmente Ricardo Alemán publica “Lanzada del narco contra Calderón”. La radio también fue espacio para el debate en ese sentido y los periodistas López Dóriga, Carlos Puig, Ciro Gómez Leyva, Denise Maerker y José Cárdenas entrevistaron tanto al presidente como a otros actores importantes sobre la posibilidad de destitución del jefe de estado.

El asunto del derrocamiento de Calderón de los Pinos ha ido en incremento, gente como Manlio Fabio Beltrones, Manuel Espino y Porfirio Muñoz Ledo han expuesto su opinión a favor de esta posibilidad. La falta de capacidad y de imaginación de Calderón, así como de sus secretarios, por establecer el orden en México ha llevado al país a una severa crisis de gobernabilidad. Las instituciones políticas no han hecho su labor, y las instituciones de la Sociedad Civil han sido objeto de cooptación. Con este panorama, la transición hacia una verdadera democracia en México se opaca y se aleja cada vez más como aquél año 2000, año de la alternancia de partidos, pero no de política y mucho menos de democracia. 

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